Una tormenta podría sacudir al fútbol colombiano por cuenta de una investigación adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La entidad recomendó sancionar a la Dimayor y a 17 directivos por presuntas prácticas anticompetitivas que habrían limitado la libre negociación de los futbolistas.
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El informe, de más de 350 páginas, involucra a expresidentes como Jorge Enrique Vélez y Fernando Jaramillo, además de Carlos Mario Zuluaga, actual presidente de la Dimayor. Según el documento, los implicados habrían coordinado vetos y listas negras para impedir la movilidad de los jugadores entre clubes.
Las denuncias nacieron en 2011, impulsadas por Acolfutpro. Entre las pruebas hay chats del grupo “G-36”, que integraban 46 directivos. En ellos, figuras como Ramiro Ruiz Londoño, presidente de Envigado, piden explícitamente evitar fichajes de jugadores que no renovaban con sus clubes.
La SIC considera que estas conductas protegían intereses de los empleadores, pero afectaban directamente las oportunidades laborales de los futbolistas. Además, limitaban la competencia legal entre clubes que sí querían negociar bajo normas.
Ahora, la superintendente Cielo Rusinque debe decidir si impone sanciones a clubes como Tolima, Envigado, Once Caldas, Pasto y Unión Magdalena, entre otros. También se evalúa el papel del expresidente José Augusto Cadena por emitir circulares que vetaban jugadores.
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